La funcionaria quedó apartada de sus labores mientras se desarrolla un sumario administrativo y una investigación del Ministerio Público por presuntas anomalías en la gestión financiera del Departamento de Educación Municipal. La medida fue adoptada por el fiscal a cargo del caso, en línea con protocolos establecidos para este tipo de procesos. El municipio habría activado auditorías y colabora activamente con las autoridades.
La jefa del Departamento de Finanzas del DAEM Curicó fue suspendida de sus funciones mientras se tramita tanto un sumario administrativo como una investigación penal por presuntas irregularidades detectadas en la gestión financiera del organismo municipal. La medida cautelar fue resuelta por el fiscal que dirige la investigación, quien determinó que durante el proceso de indagación la funcionaria debe permanecer apartada de sus labores.
Según antecedentes preliminares, la suspensión responde a la detección de eventuales anomalías en procedimientos administrativos y financieros al interior del Departamento de Educación Municipal de Curicó. El municipio habría presentado los antecedentes al Ministerio Público tras advertir falencias de orden administrativo en la gestión del área de finanzas.
Sumario administrativo en desarrollo
El sumario administrativo se encuentra actualmente en etapa de tramitación. Según el protocolo establecido para estos casos, el fiscal a cargo ya habría formulado cargos y durante marzo se entregaría la vista fiscal, paso previo a la resolución definitiva del proceso administrativo interno.
La suspensión de funciones es una medida cautelar habitual en investigaciones de este tipo, especialmente cuando involucran manejo de recursos públicos y acceso a sistemas financieros del municipio. Esta decisión busca resguardar la investigación y evitar eventuales interferencias en el proceso de recopilación de evidencia.
Investigación penal paralela
En paralelo al sumario administrativo, el Ministerio Público habría iniciado diligencias investigativas para establecer si existen responsabilidades penales derivadas de las irregularidades detectadas. La Fiscalía estaría en fase de desarrollo de la investigación, realizando actuaciones para reunir antecedentes que permitan determinar si procede o no una formalización.
El municipio estaría colaborando activamente con las autoridades en calidad de denunciante, proporcionando información y antecedentes solicitados por los investigadores. Además, se habrían impulsado auditorías internas para determinar el alcance de las irregularidades y establecer medidas correctivas.
Contexto regional de casos similares
Este caso se suma a una serie de investigaciones por irregularidades financieras en departamentos de educación municipal de la Región del Maule. En octubre de 2022, la jefa de finanzas del DAEM de Sagrada Familia fue denunciada ante la Fiscalía de Curicó por apropiación indebida de recursos destinados a licencias médicas y bienestar docente, caso que involucró aproximadamente 17 millones de pesos.
Más recientemente, en febrero de 2026, la PDI incautó el computador del exjefe de finanzas del DAEM Loncoche en el marco de una investigación por presuntas irregularidades administrativas y financieras. En ese caso, tanto el exdirector como el jefe de finanzas fueron destituidos tras sumarios administrativos.
Impacto en la gestión del DAEM
Mientras dure la investigación, otra persona deberá asumir las funciones de jefatura de finanzas del DAEM Curicó para garantizar la continuidad operativa del departamento. El área de finanzas es crítica para el funcionamiento del sistema educativo municipal, ya que gestiona recursos destinados a remuneraciones, beneficios docentes, mantención de establecimientos y programas educativos.
El caso refuerza la necesidad de fortalecer los controles internos y los mecanismos de auditoría en los departamentos de educación municipal, especialmente en áreas sensibles como el manejo de recursos financieros y la administración de beneficios para funcionarios.
Principio de presunción de inocencia
Es importante señalar que la suspensión de funciones es una medida cautelar y no implica una declaración de culpabilidad. La funcionaria mantiene su presunción de inocencia mientras se desarrollan tanto el sumario administrativo como la investigación penal, procesos que deberán establecer fehacientemente si existieron irregularidades y determinar las responsabilidades correspondientes.
El Ministerio Público y el fiscal administrativo deberán completar sus investigaciones conforme a los procedimientos establecidos antes de adoptar resoluciones definitivas sobre el caso.
