El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) citó a audiencia de conciliación a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y a las empresas Dreams, Enjoy y Marina del Sol, en el marco del juicio por presunta colusión en las licitaciones de casinos realizadas en 2020 y 2021.
La audiencia se realizará el próximo 11 de junio y responde a una solicitud de Enjoy, que argumentó la delicada situación financiera de la empresa. La FNE acusa a las tres operadoras de haberse coordinado para influir en los resultados de las licitaciones convocadas por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), pidiendo multas que superan los 151 millones de dólares y la revocación anticipada de 10 permisos, incluyendo Monticello, Valdivia, Punta Arenas, Talcahuano y Osorno.
En este escenario judicial, Dreams fue recientemente adjudicada para operar el nuevo casino en Talca, en reemplazo de Casino Talca. El proyecto, que contempla una inversión de 21 millones de dólares, busca construirse en el terreno de la ex Fital, colindante con el Humedal Urbano Cajón del Río Claro y Estero Piduco, una zona reconocida como inundable y protegida bajo la Ley de Humedales Urbanos.
Pese a estas características, el proyecto no ha ingresado un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En su lugar, su titular —la Agrícola Central— presentó una consulta de pertinencia, aún en evaluación por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Seremi de Medio Ambiente del Maule, quienes han solicitado antecedentes técnicos adicionales sobre afectación de ecosistemas y riesgos hidrológicos. Dichos antecedentes aún no han sido entregados en su totalidad.
A pesar del proceso judicial abierto y de la gravedad de las acusaciones, las empresas involucradas han seguido participando activamente en nuevas licitaciones. Dreams, además de adjudicarse Talca, actualmente postula para renovar su permiso en la ciudad de Coyhaique, en la región de Aysén.
Una eventual conciliación entre la Fiscalía Nacional Económica y las operadoras podría evitar que el Tribunal emita una sentencia que fije responsabilidades concretas, multas efectivas o inhabilitaciones para participar en futuros concursos. Si bien es una herramienta contemplada en este tipo de procesos, una salida negociada podría debilitar el precedente institucional en materia de libre competencia.
En el caso de Talca, esto se traduce en que una empresa cuestionada por colusión puede desarrollar un proyecto millonario en un área ambientalmente sensible, sin que haya aún claridad si es que las autoridades exigirán que se evalúe el impacto. Lo que se resuelva en las próximas semanas —tanto en Santiago como en el Maule— será clave para determinar el estándar que Chile aplicará en el cruce entre libre competencia, protección ambiental y desarrollo urbano.
