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Proyecto Casino Dreams en Talca enfrenta un complejo frente judicial, ambiental y penal.

en Cronica
SEA abre proceso para invalidar resolución que eximió al proyecto del casino Dreams de evaluación ambiental en plena alerta por lluvias históricas

Sospechas de elusión, daño ecológico y graves irregularidades comprometen a diversos organismos públicos

Un escenario de alta tensión legal, ambiental e institucional rodea el desarrollo del proyecto “Modificación Parque Ferial AGAC”, impulsado por la empresa Dreams en conjunto con Agrícola Central, el cual busca emplazar un complejo de casino de juegos en la ciudad de Talca. Lo que comenzó como un controvertido proyecto urbano ha escalado hasta convertirse en un flanco judicial de proporciones, marcado por la apertura de causas penales, la tramitación de invalidaciones administrativas por elusión ambiental y severas advertencias técnicas respecto al impacto hidrológico en un ecosistema altamente vulnerable.

Causa penal e investigación por presuntos delitos de funcionarios públicos

La dimensión penal del caso apunta al corazón de la tramitación de los permisos que permitieron el inicio del proyecto. Los antecedentes vertidos en acciones querellantes exponen la eventual obtención de actos administrativos mediante información presuntamente falsa, sesgada o incompleta, ardid que habría permitido la concesión de autorizaciones ambientales, urbanísticas y regulatorias claves.

El foco de la investigación penal no solo abarca a los privados, sino que sostiene la posible responsabilidad —por acción u omisión— de funcionarios públicos pertenecientes a diversos órganos de la Administración del Estado. Entre las instituciones cuyos procesos de fiscalización y otorgamiento de permisos están bajo la lupa figuran el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Talca y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).

Los antecedentes contenidos en la querella y en la documentación acompañada permiten advertir la existencia de hechos que exceden el interés meramente particular de los intervinientes y comprometen directamente intereses permanentes del Estado, sugiriendo un eventual patrón de infracciones en la cadena de aprobación de la iniciativa, lo cual debiese implicar la comparecencia del Consejo de Defensa del Estado.

Elusión de ingreso al SEIA y el proceso de invalidación

En el plano ambiental, el hito más crítico se concentra en la resolución dictada por el SEA de la Región del Maule en junio de 2025, la cual eximió al proyecto de ingresar de manera obligatoria al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Esta decisión permitió a la empresa eludir la presentación de un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental previo al inicio de las intervenciones.

Sin embargo, el criterio administrativo dio un giro radical: el SEA Maule resolvió abrir formalmente el procedimiento administrativo para invalidar dicha resolución. La decisión de la autoridad ambiental busca revisar si la exención otorgada hace un año se ajustó estrictamente a derecho o si, por el contrario, configuró un vicio de elusión ambiental al ignorar la magnitud de las obras y los riesgos reales asociados al emplazamiento.

Alerta por daño ambiental y vulnerabilidad hidrológica

Las aprensiones técnicas y ecológicas que pesan sobre el proyecto no provienen únicamente de agrupaciones vecinales y ambientalistas, sino de organismos técnicos de control del propio Estado. El proyecto se emplaza en un sector contiguo al Humedal Urbano Cajón del Río Claro y Estero Piduco, un ecosistema regulador clave para el amortiguamiento de crecidas de agua en la cuenca urbana de Talca.

Reportes e informes de la Dirección General de Aguas (DGA) han alertado de forma reiterada sobre la alta vulnerabilidad del acuífero subterráneo sobre el cual se ejecutan las obras. Las excavaciones y remociones de terreno representan un riesgo inminente de contaminación o alteración irreversible de las aguas subterráneas. Asimismo, antecedentes técnicos catalogan el sector como una zona naturalmente inundable. Las intervenciones realizadas sin una evaluación ambiental exhaustiva amenazan con mermar la función natural de absorción del suelo, aumentando drásticamente la vulnerabilidad de la ciudad ante eventos de precipitaciones e inundaciones históricas.

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