La Corte de Apelaciones de Talca concedió una “orden de no innovar”, suspendiendo el cobro de la Tesorería General de la República por considerar que la medida de embargo pone en riesgo la subsistencia del afectado y su familia
En un fallo que marca un precedente en medio de la ofensiva de cobros estatales, la Corte de Apelaciones de Talca resolvió suspender el procedimiento de embargo y ejecución iniciado por la Tesorería General de la República (TGR) contra un deudor del Crédito con Aval del Estado (CAE) domiciliado en Curicó.
El tribunal acogió a trámite un recurso de protección presentado por el afectado, quien argumentó que las acciones de cobro resultan “arbitrarias y desproporcionadas”. Según el escrito judicial, el recurrente posee un ingreso líquido mensual que ya se encuentra comprometido en más de un 50% por conceptos de pensión de alimentos y dividendos habitacionales, además de tener dos hijos a su cargo.
Orden de No Innovar La decisión de la Corte incluyó la dictación de una “orden de no innovar”, lo que obliga a la Tesorería a paralizar de inmediato cualquier intento de retención de bienes o cobro forzoso mientras no se resuelva el fondo de la controversia. La justicia busca determinar si la TGR vulneró garantías constitucionales como el derecho a la propiedad y el derecho a un procedimiento justo al aplicar mecanismos de cobro tributario a una deuda de carácter educacional.
Este caso se suma a una serie de recursos presentados a nivel nacional tras el inicio de una agresiva campaña de recaudación por parte del Ejecutivo. Ahora, el organismo fiscal tiene un plazo de ocho días para entregar un informe detallado con los antecedentes que justificaron la orden de embargo original.
