La presentación cuestiona la legalidad del actuar del SEA Maule y la Seremi del Medio Ambiente, acusando una “simulación” para eludir la evaluación ambiental del polémico proyecto en la ex FITAL.
La Corporación BioEcoTerra, representada por su director jurídico Fabián Olave, ingresó este martes una extensa denuncia ante la Contraloría Regional del Maule, solicitando una auditoría e investigación especial por eventuales ilegalidades en la tramitación ambiental del proyecto de casino de juegos que la sociedad Ríos Claros S.A. —filial de Dreams— pretende construir en los terrenos de la ex FITAL, junto al río Claro y al Humedal Urbano de Talca.
La denuncia apunta directamente al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) del Maule y a la Seremi del Medio Ambiente, acusando que ambos organismos permitieron de forma irregular una Consulta de Pertinencia de Ingreso (CPI) que eximió al proyecto de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pese a ubicarse en una zona ambientalmente sensible, con riesgo de inundaciones y a menos de 100 metros de un humedal protegido.
Una simulación para eludir el SEIA
Según la presentación, el proyecto fue presentado de manera engañosa como una “modificación del Parque Ferial AGAC”, insinuando que se trataba de una ampliación de la antigua feria FITAL. Sin embargo, BioEcoTerra sostiene que esta feria dejó de operar hace más de una década, que no cuenta con infraestructura permanente y que nunca fue gestionada por la Agrícola Central (AGAC), entidad que figura como “co-proponente” junto a Ríos Claros S.A.
“La AGAC no posee autorización para operar un casino ni ha desarrollado nunca por sí misma una feria. Presentarla como titular del proyecto constituye una ficción jurídica que intenta aparentar continuidad con una actividad histórica inexistente”, afirma Olave.
El abogado advierte que esta maniobra tendría como objetivo evitar el ingreso del proyecto al SEIA bajo la figura de una modificación menor, lo cual —de acuerdo con la ley— solo sería válido si efectivamente existiera un proyecto preexistente en operación, lo que no ocurre en este caso.
Críticas al SEA Maule y falta de evaluación obligatoria
La denuncia es especialmente dura con el rol del SEA Maule. Acusa que el organismo aceptó una consulta con “falsos proponentes”, omitió exigir la documentación mínima exigida por ley, y descartó la necesidad de evaluación ambiental pese a que concurren al menos tres causales de ingreso obligatorio al SEIA, según el artículo 11 de la Ley 19.300:
Riesgo para la salud de la población,
Efectos significativos sobre recursos naturales,
Y localización próxima a un área protegida (el humedal urbano recientemente declarado).
“El SEA Maule no podía ignorar que el proyecto se emplaza en una zona inundable, contaminada por MP10, y al borde de un humedal protegido. Aun así, lo eximió de evaluación ambiental en base a antecedentes falsos o imprecisos”, señala Olave.
Además, se cuestiona que no se haya exigido un Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV), obligatorio por la envergadura del proyecto, que incluye una sala de juegos, centro de eventos, explanadas para ferias y 370 estacionamientos.
Solicitudes a Contraloría
La denuncia solicita formalmente a la Contraloría que:
Instruya una investigación administrativa sobre el actuar del SEA Maule y la Seremi del Medio Ambiente,
Declare la ilegalidad de la resolución que exime al proyecto del SEIA (Res. Exenta PERTI-2025-2627),
Y advierta a la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Talca que no puede entregar la recepción final del proyecto si no cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental favorable, como exige el artículo 25 bis de la Ley 19.300.
Un proyecto bajo la lupa
El proyecto del Casino Dreams ha estado rodeado de polémica desde su adjudicación. Diversas organizaciones sociales, académicos y vecinos han denunciado su ubicación en un área de riesgo y junto a un ecosistema protegido.
La denuncia presentada por BioEcoTerra suma un nuevo capítulo a este conflicto, apuntando no solo al privado, sino a las autoridades que —según Olave— “han eludido su deber constitucional de proteger el medio ambiente y han avalado un procedimiento que burla las normas más básicas de legalidad ambiental”
