Una red criminal instalada en Curicó operó durante cuatro años, cobrando entre $200 mil y $1 millón a familias vulnerables por trámites habitacionales falsos. Las víctimas se dieron cuenta del fraude al acudir a una entrega de casas inexistentes: las pérdidas superan los mil millones de pesos.
Lo que debía ser un día de celebración se convirtió en un golpe devastador para cientos de familias en Curicó. Cerca de 400 personas descubrieron que las viviendas que creían recibir jamás existieron. La investigación preliminar indica que la estafa se extendió por al menos cuatro años, con cobros que iban desde los $200 mil hasta más de $1 millón por familia.
La red estaba encabezada por una mujer que se hacía pasar por asistente social y que ya había sido denunciada hace dos años ante el Serviu local. Junto a ella operaban al menos diez personas más, entre ellas una manipuladora de alimentos, una vendedora de supermercado, una supuesta agente inmobiliaria, una notaria que avalaba documentos falsos y un guardia de seguridad que facilitaba acceso a obras para simular avances de proyectos.
El fraude quedó al descubierto cuando, durante una supuesta ceremonia de entrega de casas, las familias llegaron con ilusión para recibir las llaves, pero se encontraron con que las viviendas no existían. Ante el engaño, muchas víctimas acudieron a la PDI y otras iniciaron gestiones para presentar una demanda colectiva ante el Serviu.
En la noche, un grupo importante de afectados protestó frente a la vivienda de la presunta líder, ubicada en la villa Juan XXIII, exigiendo justicia y la devolución del dinero. Las pérdidas acumuladas superarían los mil millones de pesos.
