Pese a evidencia que demuestra que la empresa duplicó la profundidad de excavación permitida —interviniendo el acuífero del Humedal Río Claro—, los organismos fiscalizadores han evitado resolver los recursos de la Corporación Bioecoterra, permitiendo el avance de obras al margen de la ley.
La construcción del nuevo Casino Dreams en Talca (ex recinto Fital) ha dejado de ser un tema meramente urbanístico para transformarse en un caso de potencial negligencia institucional. La Corporación Bioecoterra ha denunciado formalmente una “indiferencia administrativa” por parte de la Dirección de Obras Municipales (DOM), la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), quienes, según los querellantes, han omitido sus deberes de fiscalización frente a una elusión ambiental evidente.
La prueba del engaño que la autoridad no “quiere” ver
El conflicto central radica en una falsedad técnica que los organismos del Estado habrían dejado pasar. Para evitar ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la empresa Sociedad de Ríos Claros S.A. declaró que sus excavaciones no superarían los 1,5 metros, asegurando que no tocarían las aguas subterráneas.
Sin embargo, la realidad constatada en terreno y certificada ante notario es otra: las obras han alcanzado los 3 metros de profundidad. Al duplicar la profundidad, la construcción está drenando directamente el acuífero que sostiene al Humedal Urbano Río Claro, protegido por ley desde 2024. Pese a que esta prueba fue presentada formalmente, la respuesta de las autoridades ha sido el silencio o la dilación.
El foco en la omisión: ¿Por qué no actúan?
La crítica de Bioecoterra apunta a una parálisis coordinada de los entes reguladores que debería haber paralizado las faenas:
- DOM Talca: Se le acusa de mantener la vigencia de un permiso de edificación que se otorgó sobre una base técnica falsa. Al no invalidar el permiso tras conocerse el exceso en la excavación, la municipalidad estaría permitiendo una obra que no se ajusta a lo aprobado.
- SMA (Superintendencia): A pesar de contar con denuncias que incluyen peritajes de la profundidad real, el organismo no ha dictado medidas cautelares ni ha ordenado la detención de las obras por elusión ambiental, permitiendo que el daño al acuífero sea irreversible.
- SEA (Servicio de Evaluación Ambiental): El organismo se ha negado a revisar la resolución de inicio, ignorando incluso advertencias previas de la Dirección General de Aguas (DGA) sobre la alta permeabilidad del terreno.
Un conflicto que escala a la justicia penal
Ante la falta de respuesta de los organismos técnicos, la justicia ordinaria ha tenido que intervenir. El Juzgado de Garantía de Talca ya declaró admisible una querella criminal que busca determinar si esta omisión por parte de los funcionarios públicos constituye un delito, además de la responsabilidad de la empresa por fraude ambiental.
“La DOM, el SEA y la SMA han tenido todos los antecedentes sobre la mesa y han optado por omitir pronunciamientos de fondo sobre los recursos presentados. Esto no es solo un error técnico, es una renuncia a la protección del patrimonio ambiental de Talca”, señalan desde la organización ambientalista.
