El Juzgado de Garantía de Talca declaró admisible una querella presentada por la organización ambiental Bio Eco Terra en contra de quienes resulten responsables por eventuales delitos asociados al desarrollo del proyecto “Modificación Parque Ferial AGAC”, iniciativa que contempla la instalación de un casino de la cadena Dreams en las cercanías del humedal urbano Cajón del Río Claro y el estero Piduco.
La acción judicial se produce en medio de crecientes cuestionamientos al proyecto, actualmente en construcción, por una posible elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pese a emplazarse en una zona ambientalmente sensible.
Antecedentes contradictorios en la tramitación
Uno de los ejes centrales de la querella apunta a la información entregada por el titular durante la tramitación ambiental. En la consulta de pertinencia presentada ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), se indicó que las excavaciones no superarían entre 1,4 y 1,6 metros de profundidad, argumento que permitió descartar impactos sobre el acuífero.
Sin embargo, antecedentes posteriores —incluyendo información presentada por el propio titular ante tribunales— darían cuenta de excavaciones cercanas a los 3 metros de profundidad, prácticamente el doble de lo informado originalmente.
De confirmarse esta diferencia, se pondría en cuestión uno de los supuestos técnicos clave que sustentaron la decisión de no someter el proyecto a evaluación ambiental.
Advertencias técnicas previas
Informes de la Dirección General de Aguas (DGA) ya habían advertido que intervenciones de mayor profundidad podían generar afectación sobre el acuífero existente en la zona. En ese contexto, el organismo técnico planteó que el proyecto debía ingresar al SEIA debido al riesgo de alteración de napas subterráneas.
Pese a dichas alertas, el proyecto avanzó sin evaluación ambiental, tras decisiones adoptadas por la institucionalidad ambiental en base a los antecedentes disponibles en ese momento.
Obras en ejecución y fiscalización en curso
La admisión de la querella ocurre cuando las obras ya se encuentran en desarrollo. Tras diversas denuncias ciudadanas, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) solicitó recientemente nuevos antecedentes a la DGA para evaluar posibles afectaciones, en un escenario que organizaciones ambientales califican como una fiscalización tardía frente a hechos ya consumados.
Posibles responsabilidades
La querella busca determinar eventuales responsabilidades penales asociadas a la entrega de información contradictoria o incompleta a la autoridad, así como a la ejecución de un proyecto que podría haber requerido evaluación ambiental obligatoria.
Asimismo, la acción pone en el centro del debate el rol de los organismos públicos que participaron en la revisión del proyecto, en un contexto donde existían advertencias técnicas respecto de sus posibles impactos.
Un caso de alto interés público
El avance de esta causa judicial se suma a procesos administrativos aún pendientes y a un creciente debate sobre la protección de humedales urbanos en Chile.
El desenlace del caso podría tener implicancias relevantes en materia de fiscalización ambiental y en la definición de estándares para determinar cuándo un proyecto debe ingresar obligatoriamente al SEIA, especialmente en zonas de alta sensibilidad ecológica.
