Un oficio reciente revela que la autoridad ambiental investiga una afectación a aguas subterráneas en el proyecto, luego de que la propia empresa reconociera que realizó excavaciones de mayor profundidad que las declaradas. El antecedente cobra relevancia a la luz de un informe previo de la DGA que ya advertía que la iniciativa debía someterse al SEIA por riesgo al acuífero y al humedal cercano.
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ofició a la Dirección General de Aguas (DGA) para que realice una fiscalización en el proyecto Casino Dreams de Talca, tras recibir una denuncia por una posible intervención del acuífero en el sector donde se ejecutan las obras.
El documento, fechado el 30 de marzo de 2026 y firmado por la jefa regional de la SMA, Mariela Valenzuela, solicita a la DGA, específicamente al Director (s) Enrique Osorio Alarcón, inspeccionar los hechos denunciados e informar sus resultados a la autoridad ambiental.
La decisión se produce en medio de cuestionamientos al proyecto por no haber ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pese a su emplazamiento en un área hidrológicamente sensible y próxima al humedal urbano del Cajón del Río Claro.
Un antecedente clave: la advertencia previa de la DGA
La fiscalización solicitada por la SMA se produce luego de que la propia DGA emitiera un informe técnico —en el marco de la consulta de pertinencia del proyecto— donde concluye que existen condiciones suficientes para que la iniciativa deba ingresar obligatoriamente al SEIA.
En dicho documento, el organismo señala que el terreno corresponde a una zona de recarga de un acuífero libre, con alta permeabilidad y niveles freáticos someros, registrados entre 1,3 y 2,7 metros de profundidad.
Estas características, advierte la DGA, hacen que el sistema sea particularmente vulnerable. El informe establece que el sector alimenta el sistema hídrico vinculado al humedal cercano, por lo que cualquier intervención podría alterar sus flujos. En ese contexto, la DGA concluye que el proyecto configura una de las causales de ingreso al SEIA, al poder generar alteraciones físicas en el sistema hidrológico asociado al humedal.
A pesar de lo categórico de este informe, las autoridades ambientales resolvieron que la iniciativa no requería evaluación ambiental, decisión que permitió su ejecución. Este desenlace ha sido cuestionado, ya que se produjo en un contexto en que la empresa sostuvo diversas instancias de reunión con organismos públicos durante la tramitación, lo que ha sido interpretado por organizaciones locales como parte de un proceso de lobby que terminó inclinando la decisión administrativa.
La variable crítica: profundidad de las excavaciones
Uno de los puntos más sensibles del caso es la diferencia entre lo informado por el titular del proyecto y los antecedentes posteriores conocidos. Según los antecedentes presentados en la consulta de pertinencia, las obras contemplaban excavaciones de entre 1,4 y 1,6 metros de profundidad, lo que fue parte de la argumentación para descartar la evaluación ambiental.
Sin embargo, la propia empresa reconoció que las excavaciones alcanzaron profundidades cercanas a los 3 metros. La diferencia es relevante, considerando que —según la DGA— el nivel de las aguas subterráneas en el sector se encuentra a escasa profundidad, incluso desde 1,3 metros.
En ese escenario, excavaciones más profundas podrían implicar una intervención directa del acuífero, incluyendo eventuales procesos de drenaje o alteración de las condiciones físico-químicas del agua. El propio informe técnico advierte que la ejecución del proyecto podría requerir actividades como drenaje, relleno o extracción de caudales en una zona que alimenta el humedal, con potencial impacto en su dinámica ecológica.
Fiscalización en curso y cuestionamientos pendientes
La instrucción de la SMA marca un nuevo hito en la controversia del proyecto, que ya había sido objeto de observaciones técnicas por parte de distintos organismos públicos. Sin embargo, la fiscalización se produce cuando las obras ya se encuentran en ejecución. A ello se suma que existe una querella presentada por la información inconsistente entregada por la empresa durante la tramitación del proyecto.
Por ahora, será la DGA la encargada de verificar en terreno si existe o no una intervención del acuífero, en un contexto donde los antecedentes previos ya advertían riesgos relevantes para el sistema hídrico y el humedal asociado.
