A más de 120 días sin respuesta por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) frente a recursos administrativos clave, el caso del proyecto Casino Dreams en Talca sigue entrampado, mientras crecen los cuestionamientos por la falta de análisis técnico en la decisión que archivó las denuncias ambientales.
La demora no es menor. Cada día que pasa es un día en que el proyecto puede seguir avanzando sin evaluación ambiental, en un sector colindante a un humedal urbano protegido.
El conflicto se remonta a la Resolución Exenta N°2367, de octubre de 2025, mediante la cual la SMA decidió cerrar el caso, descartando que el proyecto debiera ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sin haber desarrollado una investigación técnica suficiente que permitiera descartar los riesgos ambientales asociados. Sin embargo, dicha decisión fue impugnada a través de recursos administrativos que, hasta la fecha, no han sido resueltos.
Esta inacción ha tenido un efecto directo: el Segundo Tribunal Ambiental decidió suspender la causa judicial, quedando a la espera de que la propia SMA revise su decisión.
120 días sin respuesta y un caso paralizado
La falta de pronunciamiento de la SMA —que ya supera los cuatro meses— ha dejado el caso en un limbo jurídico: el Tribunal no puede resolver el fondo, los recursos administrativos siguen pendientes, no hay medidas cautelares y el proyecto continúa su avance.
En ese escenario, el propio Tribunal ordenó a la SMA informar cada 30 días sobre el estado del proceso, en una señal de alerta frente a la demora. Sin embargo, los recursos siguen sin resolución.
Consultado por este medio, el área de comunicaciones del Tribunal Ambiental respondió escuetamente que “el Tribunal no se refiere a causas que se encuentran abiertas”, lo que deja sin pronunciamiento oficial a una causa que, paradójicamente, está suspendida precisamente porque otro organismo tampoco se pronuncia.
Un proyecto de alto impacto junto a un humedal
La reclamación presentada ante el Tribunal Ambiental describe un proyecto de gran escala: casino, centro de eventos, comercio y servicios, con miles de visitantes diarios y cientos de estacionamientos, emplazado a menos de 300 metros del humedal urbano Cajón del Río Claro y estero Piduco.
Según el documento, este tipo de intervención implica impermeabilización del suelo, aumento de escorrentías contaminadas, mayor tránsito, ruido y emisiones y posibles alteraciones hidrológicas. Pese a estos antecedentes, la SMA concluyó que no era necesario evaluar ambientalmente el proyecto.
Acusan omisiones técnicas y legales
La reclamación es categórica: la SMA habría descartado el ingreso al SEIA sin realizar estudios clave. Entre las principales críticas: no se modelaron escorrentías ni flujos de agua, no se evaluaron impactos indirectos sobre el humedal, no se analizaron efectos acumulativos en una zona saturada, y se utilizó información incompleta del titular.
Además, se acusa una interpretación restrictiva de la ley, al considerar solo impactos directos dentro del humedal, pese a que la normativa exige evaluar la susceptibilidad de afectación, incluso indirecta.
Jurisprudencia contradice criterio de la SMA
Los cuestionamientos se refuerzan con la jurisprudencia reciente: la Corte Suprema ha establecido que basta el riesgo de afectación para activar protección ambiental; la Contraloría ha señalado que no se requiere intervención directa en el humedal; y el propio Tribunal Ambiental ha reconocido la relevancia de impactos indirectos. Este estándar responde al principio precautorio, que obliga a actuar antes de que el daño ocurra.
Demora, suspensión y riesgo
El caso hoy combina tres elementos críticos: una decisión administrativa cuestionada, una reclamación que acusa ilegalidad y una demora de más de 120 días sin respuesta.
Y en medio de ese escenario, el elemento clave: el proyecto avanza, pero el sistema que debía evaluarlo sigue sin pronunciarse.
