El organismo fiscalizador determinó que John Sancho percibió remuneraciones íntegras entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, período en que estuvo bajo prisión preventiva y arresto domiciliario por fraude al fisco. El Informe Final N°444 también reveló que el municipio pagó más de $610 millones en horas extraordinarias durante 2024, detectándose cerca de 700 horas indebidas y más de 160 irregularidades en control de asistencia.
La Contraloría General de la República ordenó al director de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Linares, John Sancho, reintegrar $22.648.367 que percibió en remuneraciones mientras se encontraba privado de libertad. El hallazgo forma parte de una auditoría más amplia que detectó múltiples irregularidades en la gestión municipal.
El organismo fiscalizador estableció esta situación en el Informe Final N°444, elaborado tras un oficio presentado en noviembre de 2024 por la diputada Consuelo Veloso, quien solicitó revisar los pagos de sueldos y horas extraordinarias al interior del municipio.
Pagos improcedentes durante detención
De acuerdo con el documento, Sancho recibió su sueldo íntegro entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, periodo en el que permanecía bajo prisión preventiva y posteriormente arresto domiciliario, en el marco de la investigación por fraude al fisco. Durante esos meses, el funcionario también percibió bonos de Mejoramiento de Gestión por cerca de $5 millones, pagos que la Contraloría calificó como improcedentes.
El director de DIDECO se encuentra imputado junto al alcalde Mario Meza en el denominado “Caso Cloro”, investigación que indaga presuntas compras con sobreprecios durante la pandemia por cerca de $200 millones. Ambos enfrentan cargos por fraude al fisco reiterado.
Irregularidades masivas en horas extraordinarias
El informe también reveló nuevas observaciones en la gestión de la Municipalidad de Linares. La Contraloría detectó que durante 2024 el municipio pagó más de $610 millones en horas extraordinarias. En una revisión parcial de $102 millones, el ente fiscalizador comprobó que la administración canceló cerca de 700 horas indebidas, que al menos diez funcionarios superaron el límite legal mensual y que el sistema registró más de 160 irregularidades en el control de asistencia.
Estas cifras evidencian problemas estructurales en los sistemas de control interno del municipio, particularmente en la supervisión de jornadas laborales y en la autorización de horas extraordinarias, mecanismos que deberían contar con respaldos documentales y justificación técnica.
Reacción parlamentaria
Tras conocerse el informe, la diputada Consuelo Veloso afirmó que seguirá de cerca el cumplimiento de la medida. “Estaremos vigilantes para que estos recursos sean reintegrados. La política no puede transformarse en un espacio para servirse del Estado”, declaró.
La parlamentaria subrayó que este tipo de situaciones dañan gravemente la confianza ciudadana en las instituciones públicas y demuestran la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en las administraciones municipales.
Contexto del Caso Cloro
La investigación del Caso Cloro se inició tras detectarse presuntas irregularidades en procesos de compra de insumos sanitarios durante la pandemia de COVID-19. Según los antecedentes de la Fiscalía, se habrían pagado sobreprecios significativos en la adquisición de productos de limpieza y desinfección, generando un perjuicio fiscal cercano a los $200 millones.
Tanto el alcalde Mario Meza como el director de DIDECO John Sancho enfrentan formalización por fraude al fisco reiterado, delito que contempla penas de presidio efectivo en caso de comprobarse las acusaciones. El proceso judicial se encuentra en etapa de investigación.
Obligación de restitución
La Contraloría estableció un plazo perentorio para que John Sancho restituya los $22.648.367 percibidos indebidamente. De no cumplirse voluntariamente con la devolución, el organismo fiscalizador puede iniciar procedimientos de cobro judicial y eventualmente aplicar sanciones administrativas adicionales.
El municipio, como empleador, también enfrenta responsabilidades por haber mantenido pagos a un funcionario que no estaba en condiciones de desempeñar sus labores debido a su situación procesal. Las autoridades municipales deberán explicar los procedimientos internos que permitieron esta situación.
